Avanzar en el acceso y uso del sistema financiero formal en nuestro país es un pendiente de la actual administración, no sólo por su impacto social mediante el acceso a servicios que permitan una mejor gestión financiera, sino porque hoy más que nunca sería un factor clave para la reactivación económica tras la pandemia. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales en términos de políticas públicas para mejorar la inclusión financiera tiene que ver con la seguridad de los usuarios de servicios financieros en línea.
Cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dan cuenta que sólo el 68% de la población mexicana hace uso de algún tipo de servicio financiero. Sin embargo, aún entre quienes ya tienen acceso al sistema, muy pocos acceden a estos productos mediante herramientas digitales: sólo el 5% cuenta con banca por internet y sólo el 2% cuenta con banca móvil, un comportamiento que tiene que ver tanto con el desconocimiento de su uso como con la desconfianza que se tiene de ellas.
De acuerdo con el Banco Mundial, tener acceso a productos financieros y su utilización de manera responsable y asequible significa una mejora en la calidad de vida de las personas en la medida que se tiene acceso a productos de diversos tipos, desde la gestión de riesgos, hasta el financiamiento para la concreción de proyectos o negocios, seguros que permitan hacer frente a crisis de salud o financieras, en resumen, lograr mayor resiliencia en las personas y empresas para la construcción de sociedades con mayor índice de bienestar.
En ese sentido, el organismo internacional considera a la tecnología financiera digital como un elemento para facilitar el acceso a los productos financieros, ya que las barreras físicas o geográficas dejan de ser un impedimento para vincularse con entidades bancarias o con otras figuras que ofrecen este tipo de servicios. De esta manera, la digitalización de pagos o los pagos móviles son tecnologías que podrían propiciar avances en términos de inclusión financiera en el país. El reto está en la generación de confianza.
Durante los meses de confinamiento los hábitos de consumo de usuarios de Internet fue un fenómeno con el que se vio beneficiado el comercio electrónico a nivel mundial: 10.8 millones de latinoamericanos hicieron una primera compra en línea durante el encierro; mientras que informes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) revelan que el comercio electrónico en México tuvo un crecimiento del 81% en 2020 respecto al 2019 y 16% de quienes realizaron compras electrónicas lo hizo por primera vez en esa modalidad.
Sin embargo, el mismo estudio señala que quienes aún no optan por usar los canales digitales para adquirir algún producto o servicio, se detienen al no sentirse lo suficientemente seguros para realizar transacciones (81% teme a algún fraude electrónico, 50% le gustaría tener más seguridad para autentificar su compra y 63% le gustaría tener formas de pago más seguras). Este temor no parece injustificado: de acuerdo con Condusef, durante el primer trimestre del 2021 los fraudes cibernéticos tuvieron un alza del 70%.
Además del comercio electrónico, la entrega de los subsidios de programas sociales mediante pagos digitales podría convertirse en un factor que sume a elevar las cifras de inclusión financiera utilizándolo como una oportunidad para la generación de confianza en las transacciones electrónicas en ciertos sectores de la población, siempre y cuando se brinde la educación pertinente para su uso seguro y responsable como parte de las políticas públicas necesarias para la protección de los usuarios de los servicios ahora digitales.
Para el Banco Mundial, los países con miras a incrementar sus cifras de inclusión financiera deben garantizar marcos sólidos de protección de los usuarios de servicios financieros y adaptar las pertinentes entidades responsables de la reglamentación y la supervisión, por ejemplo, “utilizando la tecnología para mejorar la supervisión (la tecnología al servicio del cumplimiento de las reglamentaciones del sector financiero, conocida como RegTech)”.
La RegTech se trata de tecnología diseñada para facilitar a las entidades financieras el cumplimiento reglamentario con las entidades supervisoras, a su vez que mejorará la capacidad de inspección de los reguladores de manera que los usuarios de servicios financieros se ven beneficiados de forma directa mediante un mejor control de fraudes principalmente en medios de pago, un hecho que ayudaría a incrementar paulatinamente la confianza del consumidor al tener mayor garantía de protección.
El reto es trabajar de manera conjunta las entidades financieras, las regulatorias y los especialistas en innovación tecnológica para ajustar la normativa vigente y hacer uso de estas herramientas digitales para regular los nuevos modelos de negocios que las entidades financieras ofrecen de manera ineludible mediante nuevos canales, pero también para responder de forma oportuna y eficaz a los usuarios en búsqueda del respaldo y la seguridad pertinentes para realizar sus transacciones. Los avances son un hecho. Sin embargo, la innovación no debe comprometer la seguridad de los usuarios, por lo que además de programas de educación financiera y sobre el uso responsable de productos financieros digitales, es necesario tener un marco regulatorio diseñado para verificar los sistemas de ciberseguridad de las transacciones, tanto por parte de proveedores bancarios como de los comercios electrónicos.