La firma electrónica (e.firma), generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es el equivalente a la firma manuscrita que mediante un archivo digital, con altos niveles de certeza y confiabilidad, permite autenticarse principalmente para realizar trámites fiscales. Sin embargo, su uso se ha extendido a otras posibilidades incluso de carácter jurídico, financiero y comercial, donde los beneficios principales tienen que ver con ventajas en aceleración de trámites y reducción de tiempo.

El diseño de esta herramienta digital está basada en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas o PKI (en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan una “llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular de la e.firma, que sirve para cifrar datos; y una “llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios electrónicos, con la que se descifran datos, de este modo es imposible descifrar un mensaje con una llave que no corresponda y esto robustece su seguridad.

De esta forma, los altos estándares de validación de identidad de la e.firma (contiene información biométrica encriptada como huellas digitales y fotografía de iris), se traducen en una serie de beneficios que incentivan la transformación digital de las empresas y ofrecen practicidad para los ciudadanos de a pie, ya que cuenta con un respaldo legal que regula su uso y los servicios relacionados con la misma.

De manera puntual algunas de las ventajas que ofrece son:

  • Autenticación: Identifica al firmante mediante protocolos de criptografía asimétrica que permiten la verificación de las claves pública y privada relacionadas entre sí.
  • Se garantiza la confidencialidad de la información enviada y recibida, asegurando, además, que no se producirá ningún acceso externo de personas no autorizadas a los datos enviados.
  • La integridad de la información transmitida queda asegurada de manera que terceros no pueden acceder a ellos, alterarlos, modificarlos o suprimirlos.
  • No repudio. Cuando una persona o institución genera y envía información acompañada de su firma electrónica, el destinatario tiene garantizado que quien envía tal información es la persona firmante de la misma.

De esta manera, la entidad certificadora, que en este caso es el SAT, es la primera encargada de la verificación de identidad de quien solicita un certificado de firma electrónica y posteriormente es quien almacena y administra los certificados, es por eso que los documentos firmados con la e.firma tienen sustento y validez jurídica en trámites con dependencias de gobierno, autoridades estatales y municipales, así como con entidades financieras, equipadas para verificar la autenticidad de la misma.

Y es que el uso de la firma electrónica podría estar cada vez más generalizado para brindar certeza en actividades de cualquier magnitud, ya no sólo para la facturación electrónica,  sino también en el envío de e-mails corporativos de alta importancia (firmados electrónicamente) y opciones cada vez más habituales como la firma de documentos para la agilización de trámites o acuerdos comerciales, todo esto con la seguridad que la entidad firmante no repudiará lo firmado.

Desde su implementación en 2012, hoy en día el uso de la e.firma se extiende a otro tipo de gestiones ciudadanas y hasta financieras. Actualmente, el SAT tiene más de 120 convenios con diversas instituciones públicas y privadas para el uso de la firma electrónica en la realización de diversos trámites, como la obtención de la Cédula Profesional electrónica o de contrataciones públicas en el caso del Banco de México, sólo por citar algunos ejemplos.

De acuerdo con Lizbeth Barreto Zúñiga, jefa del departamento de Identidad y  Firma Electrónica Avanzada de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, las ventajas que tiene el uso de este tipo de tecnologías son altamente tangibles ya que no sólo tiene que ver con la robustez que la diferencia de la firma autógrafa, sino que ofrece otro tipo de beneficios como:

  • Certeza y legalidad a los trámites en un ámbito de modernidad y vanguardia tecnológica;
  • agilización de los procesos y reducción de los tiempos de respuesta en los trámites;
  • eliminación en el riesgo de manejo de información confidencial de un lado a otro;
  • Reducción de los costos derivados del almacenamiento, traslado y uso de personal para estas actividades;
  • Modernización y actualización de los trámites relativos a los procesos involucrados, y
  • Replanteamiento del esquema de elaboración de trámites.

De este modo, la firma electrónica puede ser el primer paso hacia adopción generalizada y confianza en las TIC. En la medida que las aplicaciones para el firmado electrónico sean de uso más habitual, la implementación de la firma electrónica en diversos sectores será masiva. Además de la certeza que ha generado en las transacciones de los contribuyentes, ha sumado confianza por las ventajas operativas en la realización de gestiones de manera remota que repercuten en la optimización de recursos.

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